La figura que se está presentando en la provincia de Islay es la del homo sacer. Esta es una figura muy arcaica que se remonta al antiguo derecho romano. Un homo sacer –un hombre sagrado– era aquel que no pertenecía más a la ciudad sino que era de los dioses: una persona que puede ser muerta sin que el asesino pueda ser castigado por ello. Sin embargo, la decisión del poder soberano de declararlo fuera de la ciudad humana y dejarlo a merced del poder divino se hacía –paradójicamente- desde el poder humano. Esta figura es la que se está dando ahora en las protestas contra el proyecto minero Tía María. 

Los manifestantes son presentados como personas violentas y que merecen recibir todo el peso de la ley. La violencia se ubica en ellos y no en los policías. El análisis de la génesis de esta noticia no es del todo preciso si queda así nada más. Lo que se está construyendo mediáticamente es un homo sacer y deja a los y las manifestantes en el umbral indiscernible de aquel que teniendo derechos puede carecer de ellos. Justamente, es la policía –autorizada por el Estado, Estado constituido por todo el pueblo y representado por el gobierno– a tener el monopolio de la violencia y la fuerza de ley. Esto es así a tal punto que los policías instauran modos de ley que se instalan y operan en la zona exceptuada. Porque el Valle del Tambo es en estos momentos un lugar donde se ha instalado un estado de excepción –de facto, no de iure.

Esta suspensión de los derechos de los manifestantes se devela en el momento en que los policías han tomado a los manifestantes, los han despojado de sus ropas, los han despeinado, golpeado, sembrado armas y luego llevados ante la prensa –que, como figura tardomoderna de la opinión pública, manipula la voluntad general- de modo que se les muestra en su vida desnuda. El manifestante es convertido en un homo sacer, alguien que puede ser muerto sin que haya penalidad posterior. Un policía puede matar a un ciudadano/a que protesta y no ser sancionado. Más allá de las leyes que amparan el acto, hay una condición ontológica anterior artificialmente hecha en el acto mismo del estado de excepción que forja a los manifestantes en homo sacer y muestra su vida desnuda.

Todo ese proceso hace que la opinión pública, por medio de este circo mediático, crea que los manifestantes son unos revoltosos que merecen estar presos o –“mejor aún”- que les metan bala. El juicio mediático es más fuerte que el ordenamiento jurídico, pues el poder simbólico, alimentado por el poder imaginario, puede más que el poder real.