El Pensamiento de Belaunde
por Ricardo Milla
Investigador | Centre Georg Simmel - École des hautes études en sciences sociales
Estaba recordando una entrevista al congresista Alberto de Belaunde que le hicieran dos periodistas para la revista Ideele. Más allá de la falta de sustento de las afirmaciones del así denominado “liberal progresista”, es preocupante el contenido de las mismas. No solo por lo cruel que pueden llegar a ser, al afirmar por ejemplo que Abimael Guzmán debe morir en prisión, deslizando la posibilidad que cualquier persona condenada por el delito de terrorismo debe morir en la cárcel, aunque alega que no se trata de venganza sino de justicia (?), empero porque se opone a que ninguna de esas personas pueda jamás trabajar para el Estado, lo que incluye ser profesores.
Esto es, el congresista de Belaunde se opone a que personas de más de 50 años, que no tienen otra profesión, muchos de ellos que la docencia, se busquen un trabajo cualquiera, menos al que se han educado y preparado. Eso no pasa con ningún delito. Está a favor de que se cree una normatividad jurídica a posteriori que tipifique una acción que impida a personas trabajar. ¿Que se lo debieron de pensar antes de tomar las armas o de repartir panfletos? Pues no existía tal normatividad cuando lo hicieron. Criminalizar postcumplimiento de pena es contrario al mismo espíritu de la pena. ¡Y luego este padre de la patria habla de justicia, no de venganza! Pero qué puede saber quién cobra por semana de representación quedándose en casa, ¿no?
Sin embargo, no solo desde las filas de la derecha exigen que quienes han purgado condena de 15, 20, 25 o más de 25 años de prisión no puedan trabajar en el Estado o en colegios, sino también izquierdistas. Días atrás el socialista Carlos Monge me argumentaba (si puedo llamar a ello argumento) exactamente lo mismo. La única razón: fueron senderistas, fueron terroristas. Recurren a la misma razón circular derechistas e izquierdistas: van a doctrinar, se van a reagrupar, van a volver a tomar las armas. ¿Sabrán que hay cientos de cientos de condenados por el delito de terrorismo por el solo hecho de haber tenido baldes de pintura roja en su casa? ¿Sabrán que hay “terrucos” presos por haber tan solo estado en una lista de inscripción? Pero qué sabrán los que protegen a los gobernantes que les dan de comer, ¿cierto?
Porque, digamos las cosas como son, la mayoría de los excarcelados exmiembros del MRTA y del PCP-SL no quieren saber nada de política ni del pasado que la llevó a la cárcel. Algunos hasta perdón piden. Hasta arrepentidos están. Para quien es revolucionario sabe que eso es felonía. Pero, ea, ahí están. ¿Y qué sucede? Sin ley promulgada, con la sola estigmatización social del terruqueo, no obtienen trabajo. Si para el delincuente común no más ya es recontra difícil, imagínense lo que es para un “terruco”, pues. Y con todo eso, les quieren prohibir con ley y todo trabajar en el Estado.
Entonces, ¿qué pasa? Se buscan, se reúnen entre ellos. Esto no es para nada peligroso. Pero el Estado los considera peligrosos por reunirse. Mas esa reunión se debe a que el Estado los ha excluido del proceso social, de la inserción social. Ellos buscan reinserción. Le piden al Estado paz. Y el Estado, desde el Parlamento, les da leyes de persecución. Así, los vuelven a judicializar y con ello, les impiden tener cuentas de banco, de sacar créditos, de trabajar, de estudiar, prácticamente los han matado en vida; mejor estaban en la cárcel, piensan. Se dan cuenta de que el Estado los trata como apestados. Su otrora enemigo no ha dejado de verlos como eso: enemigos. Con congresistas como Alberto de Belaunde, les crea leyes que son promulgadas para destruir tumbas para sus muertos, incluso de muertos sin sentencia de terrorismo, de muertos donde había inocentes, donde hubo acusados sin pruebas. El Estado está dispuesto a 27 años de acabada la guerra interna a seguir haciendo pagar a inocentes por pecadores.
Ese Estado los persigue. ¿Qué pueden esperar los y las excarceladas? Piden reconciliación con el Estado, o al menos conciliación, y lo que les dan es destrucción de tumbas, persecución ideológica, procesos judiciales; incluso hay testimonios de: amenazas de muertes, de vigilar sus casas, de intervención de sus teléfonos, de prohibirles cantar en público, de publicar novelas, etcétera, etcétera. Los hacen vivir en estado de terror constante.
Piensen un poco, reflexionen, ¿eso es justo? No de aquel que tomó las armas, sino del chico, la joven que repartía volantes, que hizo una pinta, que militó, que se cayó, ¿es justa tal persecución?
Estamos ante una enfermedad social que estamos reproduciendo y esparciendo junto a un odio visceral – ciertamente para muchos no injustificado. Pero son ciudadanos y ciudadanas que conviven con nosotros día a día, que se sientan a tu lado en el micro, que te dan el vuelto en la bodega, que te hace la carrera del taxi. Hace mucho que convivimos con “terrucos”. El ‘pensamiento Alberto de Belaunde’ es un pensamiento de odio, de venganza, no de reconciliación ni de justicia. Habría que preguntarse cuál es el terrorista ahora.
